Canarias tardaría más de cuatro siglos en cubrir sus necesidades de vivienda protegida, según Podemos
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS.- Canarias avanza hacia un colapso habitacional sin precedentes. Según cálculos de Podemos Canarias, si el ritmo actual de construcción de vivienda protegida no se acelera de forma radical, el Archipiélago tardará más de cuatro siglos en cubrir las necesidades habitacionales de su población.
La formación advierte de que, de mantenerse esta tendencia, el número de personas sin hogar se duplicará para 2027, la pobreza se disparará y la juventud será expulsada del mercado residencial, en un territorio que “bate récords turísticos pero donde vivir dignamente se ha convertido en un privilegio inalcanzable”.
“Mientras el Gobierno presume de planes, miles de personas sobreviven en caravanas, garajes o pisos compartidos con tres generaciones. Canarias no necesita discursos, necesita casas. Y las necesita ya”,
declaró Noemí Santana, portavoz de Podemos Canarias.
2027: el horizonte del colapso
El diagnóstico que presenta Podemos Canarias es demoledor. De no actuar con urgencia, más de 5.000 personas vivirán en situación de sinhogarismo dentro de dos años, muchas de ellas con empleos estables en sectores como la hostelería o el comercio.
Lejos de frenarse, el auge de las viviendas vacacionales continuará, superando las 54.500 unidades en 2027, impulsado por una regulación que —según la formación— “ha funcionado como un acelerador de la especulación”. Esto está vaciando las zonas residenciales y encareciendo el alquiler, mientras el parque de viviendas realmente disponibles cae a mínimos históricos: apenas 150.000 a 156.000 unidades habitables en todo el Archipiélago.
El impacto también se trasladará al ámbito judicial: más de 4.000 desahucios anuales, la mayoría por impagos de alquiler, podrían registrarse en un contexto de población creciente y salarios que no acompañan el coste de la vida.
“Canarias ya no cabe en Canarias”, resume el documento de análisis interno del partido.
Un modelo que expulsa y enferma
Más allá de las cifras, Podemos pone el foco en el deterioro humano y social que acompaña al actual modelo. La figura del “trabajador sin techo” —personas con empleo que viven en vehículos o habitaciones alquiladas por semanas— es cada vez más visible en islas como Tenerife, Lanzarote o Gran Canaria.
El sinhogarismo deja de ser una excepción para convertirse en un fenómeno estructural con consecuencias graves: un 44,5% de las personas sin hogar padecen enfermedades crónicas y más del 30% sufre depresión, ansiedad u otros trastornos mentales.
“La falta de vivienda ya no es un problema económico, sino una emergencia sanitaria y de derechos humanos”, subrayan desde la organización.
Una política de parálisis institucional
El informe denuncia que el Gobierno de Canarias construyó en 2023 apenas 69 viviendas protegidas, pese a que más de 30.000 familias están inscritas en los registros de demanda. Según Podemos, el déficit real ronda las 44.000 viviendas, lo que, a este ritmo, implicaría esperar 435 años para cubrir las necesidades actuales.
La formación acusa al Ejecutivo de Fernando Clavijo de haber convertido “una crisis habitacional en una política de exclusión institucionalizada”.
“La administración ha preferido redactar directrices en lugar de entregar llaves. Es una renuncia burocrática que condena a miles de familias al desarraigo”, denuncia el comunicado.
El partido también critica el Plan de Vivienda 2026–2029, aún en fase de tramitación, por su falta de ambición y de medidas inmediatas para frenar los desahucios o movilizar el parque de vivienda vacía.
Soberanía residencial en peligro
Otro de los elementos que agravan el problema, según Podemos, es el aumento de la compra de vivienda por parte de no residentes, que ya supera el 25% de las transacciones anuales. Este fenómeno, alertan, refleja una pérdida de soberanía residencial y consolida un modelo económico en el que la vivienda se ha convertido en un activo financiero para unos pocos, mientras la mayoría vive bajo el peso del alquiler o la precariedad habitacional.
“La política del Gobierno favorece al especulador y castiga al trabajador”, concluye la formación, que reclama una intervención pública urgente, con límites al alquiler, movilización de vivienda vacía y un plan de emergencia habitacional para los próximos doce meses.
